Algunos desempeñándose de administrativos, otros de policías, otros de soldados, otros de maestros, etc.
Estas personas murieron en manos de Montoneros y del ERP y fueron muchas.
Con una bomba en un comedor de la policía federal, en un ataque a una unidad de sanidad, en un ataque a una fábrica y tantas otros actos de terrorismo.
Claro, era la época en que el estado argentino, la patria o como se la quisiera llamar, estaba en peligro.
En 1975 se ordenó el aniquilamiento de la guerrilla, era un gobierno constitucional, aunque dirigido por una estúpida, pero era legalmente constituido.
En el monte tucumano, la guerrilla mató mucha gente, tal cual las FARC en Colombia. El pobre campesino debía colaborar con los montoneros caso contrario era aniquilado, al igual que hizo posteriormente el ejército cuando pasó a controlar la zona de combate.
Ahora la Cámara en lo Penal ha dictado jurisprudencia siguiendo un principio de la Corte Suprema sobre que los delitos cometidos por Montoneros y el ERP no fueron actos de lesa humanidad y por lo tanto prescriben por el mero paso del tiempo.
Las definiciones que dieron ambos estrados jurídicos son intachables, ambas están concebidas con un purismo tal que difícilmente podrán ser discutidas en el plano estrictamente jurídico.
Una verdadera pinturita.
Este dictamen no hace más que alentar a otras bandas terroristas de cualquier concepción ideológica a, con el pretexto de defender la Constitución Nacional, que pueda atentar contra el estado.
Quien determina que la Constitución Nacional está siendo atacada?
Acaso hay algún ente que diga cuando esto está ocurriendo?
Si el ataque proviene de parte del propio Estado, entonces hay derecho a armarse en defensa de la Patria, lo dice la Constitución, pero si el ataque proviene de otro lado entonces el tema es más cuestionado.
Esto es correcto porque hay una sociedad jurídicamente organizada y que lleva el nombre de Estado.
Pero los muertos que las bandas de delincuentes terroristas produjeron ¿quien los paga?
Los jueces por miedo, por inoperancia, por compromiso político, por identidad ideológica, es decir por cualquier causa pero menos por el cumplimiento de su deber como admnistradores de justicia, nada hicieron para poner en la cárcel a los delincuentes.
La causas transcurrieron sin pena ni gloria y ahora después de tantos años de no hacer nada, prescriben.
Es un excelente ejemplo de como matar gente y quedar impune argumentando que esos asesinatos no son de lesa humanidad.
Los crímenes de la guerrilla como los que produjo el propio Estado, no son más que actos de cobardía, pero la cobardía no es un delito tipificado.
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